¿Transparencia, será?

El estudio de la comunicación es importante porque busca explicar, comprender y predecir las situaciones que existen y en las que se basan las relaciones humanas: entender los porqués.

 

Es necesario mirar cómo se maneja la comunicación para ver sus efectos y consecuencias. Cuando en una sociedad el flujo de información se interrumpe o se condiciona, lo que se afecta no es la gestión gubernamental, sino la esencia misma de la democracia.

 

En Puerto Rico, muchas cosas están pasando que hacen cuestionarme el objetivo escondido detrás de lo que se dice y se hace.

 

Con la retórica vacía y el uso de palabras que realmente no sienten, pero saben que es lo que los otros quieren escuchar, los políticos buscan controlar el discurso para justificar acciones y lograr el apoyo.

 

La aprobación del P. del S. 63, por descargue y sin vistas públicas, no es un detalle técnico ni un ajuste administrativo. Es un acto comunicacional de poder, cuidadosamente envuelto en lenguaje jurídico para parecer inofensivo. Y como todo acto comunicacional, dice mucho más de lo que aparenta.

 

Bajo la apariencia de “equilibrar” y “ordenar” el acceso, se esconde el viejo instinto del poder por controlar. El lenguaje legislativo —esa retórica que pretende ser objetiva y procesal— se convierte en máscara para producir obediencia y legitimar el silencio, para evadir la responsabilidad de ofrecer información que es pública y nos pertenece.

 

Lo que el texto promete como orden, “razonabilidad” o balance, busca dilatar los procesos y hacer que pierdan vigencia. Esta ley no es para promover la transparencia, sino que levanta un muro semántico entre el gobierno y la ciudadanía.

 

Nos dicen que se trata de proteger, organizar y ser eficientes. Palabras que buscan hacerlo parecer justo y necesario. Pero el mensaje real es otro. El poder sabe bien que quien controla la información controla la interpretación.

 

Es por eso por lo que, bajo legislación, buscan tener el control y decidir qué se comparte y con quién la información que debería ser pública y a la que todos deberíamos tener acceso. Los funcionarios públicos son nuestros empleados y tenemos el derecho a saber qué hacen con nuestro patrimonio.

 

Hemos dado demasiados cheques en blanco a los políticos, y nos han llevado pendiente abajo. Pretenden seguir haciéndolo, porque mientras más limitan el acceso, más espacio tienen para actuar sin que sepamos.

 

El filósofo, sociólogo, psicólogo e historiador francés Michel Foucault lo explicó con precisión: el poder no solo prohíbe, también produce discurso. Cada régimen de verdad decide qué puede ser dicho, quién puede decirlo y en qué condiciones.

 

Así, este proyecto de ley, presentado como transparencia, en realidad redibuja los límites de lo que se dice en la esfera pública. El poder decide qué información es legítima y cuál debe permanecer invisible, usando el lenguaje como instrumento de dominio.

 

El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, en su obra “La transformación estructural de la esfera pública” (1962), sostiene que el espacio público es esencial para la democracia porque permite a los ciudadanos participar en un discurso racional sobre el bien común.

 

Cuando se restringe el acceso a la información, no se protege al Estado, sino que se aísla al ciudadano. Y cuando el ciudadano no puede fiscalizar, la democracia se convierte en una ficción administrativa, un relato donde el poder se narra a sí mismo. Aquí los políticos fanfarronean y cacarean mucho, creyéndose los dueños cuando son administradores.

 

Ahora pasa a la Cámara de Representantes y, de ser aprobado, pasará a la firma de la gobernadora. Veremos si esto es simplemente el deseo del presidente de un cuerpo —siempre restándole legitimidad a la prensa— y de algunos políticos que responden más a su partido que a los electores que los eligieron; o si, por el contrario, se trata de una movida institucionalmente maquinada para limitar el acceso a la información y la fiscalización de su gestión.

 

Al final, la transparencia no se legisla: se practica. Y lo que el Senado aprobó no es una ley de transparencia, sino una ley del silencio, una de dilación y de obstáculo para la rendición de cuentas.

 

Si alguna importancia tiene el estudio de la comunicación —vuelvo al inicio—, es precisamente esta: reconocer cuándo el discurso se usa para dominar. Porque cuando el poder habla de transparencia, pero su acción es contraria, lo que nos queda —y también nos corresponde— es llamar las cosas por su nombre y seguir denunciando lo que va en contra del establecimiento democrático.